En los inhumanos capítulos de la cruenta represión israelí contra la población civil palestina se inscribe el de los más de sus 7 mil 500 prisioneros en las tenebrosas cárceles secretas y centros de detenciones del Estado sionista.
Las redadas de ciudadanos arrestados sin justificación alguna por el ejército israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania, contrarias a las leyes del derecho internacional, son realizadas a manera de castigo colectivo en represalia a la patriótica resistencia palestina.
La unilateral guerra de exterminio que desde su constitución en 1948 Israel libra contra Palestina no es objeto de la aplicación de las normas establecidas por la Convención de Ginebra sobre el trato y la protección a los prisioneros en los territorios envueltos en conflictos bélicos.
En su gran mayoría estos ciudadanos ni siquiera integran los grupos o las milicias de la resistencia armada de las diversas organizaciones políticas, aunque si participan en las airadas manifestaciones de protesta contra los opresores de su tierra natal y en defensa de la libertad y los derechos de su pueblo.
Un reporte estadístico editado por el Ministerio de los Asuntos de los Prisioneros Palestinos, reveló que más de 800 mil ciudadanos (el 25% de la población) fueron arrestados por la autoridad israelí desde la ocupación de los territorios árabes en 1967.
Desde el inicio de la segunda Intifada de la Mezquita de Al Aqsa, en septiembre del año 2000, fueron detenidos 18 mil palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza, de ellos numerosas mujeres, niños y ancianos.
Arrestos efectuados en muchas ocasiones a varios miembros de una misma familia o a decenas de parientes y vecinos, como medida de presión para lograr la captura de un activista perseguido por los represores israelíes.
Las condiciones infrahumanas de estos presos sin causas en las insalubres celdas solitarias ó colectivas, varían desde los asesinatos y las reiteradas torturas físicas y psicológicas hasta la prohibición de recibir asesoría legal y las visitas de sus familiares.
Las mujeres palestinas encarceladas sufren también una dura situación, al ser víctimas de tratos humillantes e inhumanos y estar sometidas diariamente a registros provocativos e indecorosos lesivos a su dignidad, violada constantemente por las autoridades carcelarias.
La crueldad sionista se ceba en los más de 400 menores que se encuentran en cautiverio privados de los mínimos derechos de la infancia y expuestos a frecuentes maltratos y golpizas e impedidos de las visitas de sus padres o parientes cercanos, en flagrante violación de la ley internacional, la cual les otorga el derecho a no ser separados del seno de sus familias.
Entre los arbitrariamente secuestrados y encarcelados se encuentran miembros del Consejo Legislativo Palestino, ex ministros, diputados, dirigentes de partidos políticos y de los Frente Democrático y Popular por la Liberación de Palestina.
Hay casos de monstruosidades tan notorias como las del dirigente palestino Marwan Barguti, condenado por “la justicia israelí” a cinco años de cadena perpetua.
En su informe el Ministerio señala que el número de prisioneros veteranos en cárceles sionistas, detenidos antes de la creación de la Autoridad Nacional Palestina en mayo de 1994, asciende a 317, cuya mayoría llevan más de 16 años tras las rejas. Entre los 3 más antiguos consigna a los hermanos, Fakhri Al-Barghouti y Nael Al-Bargouthi, así como a Akhram Mansour, que sufren una reclusión de 32 años.
La comunidad internacional y quienes se autoproclaman “principales defensores del respeto a los derechos humanos” deben unirse a la demanda del pueblo palestino, en el Día de los Prisioneros y todos los días, de la excarcelación de sus hijos, mantenidos cautivos como rehenes, en el vano intento de Israel de limitar la heroica resistencia nacional para expulsar de la Patria al ocupante sionista y hacer prevalecer sus inalienables derechos.