Algunos informes dan cuenta de que estudiantes palestinos de medicina sufrieron extorsiones por parte de los servicios de inteligencia israelíes.

“Colabora con el Mossad o no lograrás jamás ir a las prácticas en los hospitales de Jerusalén”, esto dicen las amenazas israelíes.

La información proviene de varios testimonios de estudiantes universitarios palestinos de Abu Dis [pueblo del distrito de Jerusalén] y de numerosos avisos presentados a la asociación Médicos por los Derechos Humanos (PHR, en inglés).

Denuncian las presiones psicológicas por parte del Shin Bet (servicio secreto israelí) contra estos estudiantes y el retiro de los permisos para entrar a Jerusalén en casos en los que el Shin Bet encontró un rechazo a colaborar.

Esto sucede pese a que la legislación internacional prohíbe a un estado ocupante someter a la población ocupada a cualquier forma de extorsión. Incluso la “ley israelí” considera estos episodios delitos penales en tanto “extorsión bajo amenaza”.

La cooperación entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Jerusalén [palestina] y los hospitales [israelíes] ubicados en Jerusalén Este, existe desde hace mucho tiempo y son muchos los profesores universitarios que trabajan en estos hospitales.

Por el momento, PHR y el centro legal Al-Mizan, de Gaza, han escrito al respecto al “Primer Ministro israelí, al Ministro de Seguridad y al Procurador General” para que controlen y pongan fin a semejantes operaciones del Shin Bet. Las autoridades israelíes no han dado aún ninguna explicación.

Hanin Naama, abogado del Centro, define el acto como “una violación del derecho a la dignidad y a la autonomía de los estudiantes. La prohibición impuesta a los estudiantes palestinos de entrar a Jerusalén para realizar las prácticas en hospitales israelíes equivale a la negación de su derecho a terminar los estudios”

En términos legales, el abogado Naama define el acto como una “extorsión y una violación de los derechos a la educación y a la libertad de empleo”.

A largo plazo, decisiones de este tipo podrían afectar el acceso a las estructuras hospitalarias de los ciudadanos palestinos, en general provenientes de los Territorios Palestinos Ocupados, y hay pruebas de que situaciones similares gozan de una amplia protección del gobierno israelí.

Samir Zaqut, investigador de Al-Mizan, afirma: “Nos encontramos frente a una estrategia deliberada de parte de los servicios secretos del gobierno, dirigida a dañar a los estudiantes, pacientes y trabajadores palestinos del sector hospitalario. Se podría decir que son rehenes”.

Los palestinos viven bajo ocupación y entran en la categoría protegida por la legislación internacional, que sanciona: “Está inequívocamente prohibida la imposición o la exigencia de cooperación de parte de la potencia ocupante contra los ciudadanos ocupados”.

“Israel cree poder obrar por encima de la ley, y el silencio de la comunidad internacional estimula al estado judío a continuar con sus crímenes y con sus violaciones a los derechos humanos”